Por Kim Hyelin

El 19 de febrero, el Tribunal del Distrito Central de Seúl condenó en primera instancia al expresidente Yoon Suk Yeol a cadena perpetua por el cargo de liderar una insurrección. El fallo se produjo 443 días después de la proclamación de la ley marcial de emergencia y marca la primera vez en la historia constitucional de Corea en que se reconoce la culpabilidad por insurrección por actos cometidos durante el mandato presidencial.

La Sala Penal nro. 25 del tribunal señaló como elemento central del caso el envío de tropas a la Asamblea Nacional. El tribunal consideró que la movilización del Ejército para bloquear el Parlamento e intentar detener a figuras políticas clave cumple las dos condicionoes para el delito de insurrección: el propósito de subvertir el orden constitucional y la existencia de una revuelta.

La defensa sostuvo que la declaración de la ley marcial buscaba proteger la democracia liberal frente a los intentos de destitución y los recortes presupuestarios impulsados por la oposición. Sin embargo, el tribunal rechazó este argumento al considerar que confundía el motivo con el propósito del acto.

Los coacusados juzgados en el mismo proceso también fueron declarados culpables. El exministro de Defensa Kim Yong-hyun fue condenado a 30 años de prisión; el excomandante del Comando de Inteligencia de Defensa Noh Sang-won a 18 años; el exjefe de la Agencia Nacional de Policía Cho Ji-ho a 12 años; el exjefe de la Agencia Metropolitana de Policía de Seúl Kim Bong-sik a 10 años; y el exjefe de la Guardia de la Asamblea Nacional Mok Hyun-tae a 3 años de prisión. El excoronel Kim Yong-gun y el excoordinador de Planificación e Investigación de la Policía Nacional Yoon Seung-young fueron absueltos por insuficiencia de pruebas.

Al explicar la sentencia, el tribunal señaló como circunstancias agravantes que Yoon desempeñó un papel protagónico en la comisión del delito, no ofreció disculpas y se negó a comparecer en el juicio. Como atenuantes, tomó en cuenta que no existía un plan minuciosamente elaborado, que no hubo uso directo de munición real ni ejercicio amplio de fuerza física, que el acusado no tenía antecedentes penales y que tiene 65 años.

No obstante, el tribunal subrayó que los daños derivados de la ley marcial, incluida la pérdida de confianza internacional y el aumento de la polarización social, son de una magnitud incalculable.

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