Lee Kyoung Hae, presidenta del Instituto Coreano de Desarrollo para Personas con Discapacidad, subrayó que la Ley de Garantía de Derechos de las Personas con Discapacidad es una ley que funciona como coordenada, durante una entrevista celebrada el pasado 29 de abril en el Iroom Center, en Seúl.

Por Yoon Sojung
Fotografías: Lee Jeong Woo

Diecinueve años después de su primera propuesta legislativa, la 'Ley de Garantía de Derechos de las Personas con Discapacidad' (en adelante, Ley de Garantía de Derechos) fue aprobada el 23 de abril en sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Lee Kyoung Hae, presidenta del Instituto Coreano de Desarrollo para Personas con Discapacidad (KODDI), describió así aquel momento: "Sentí ganas de ponerme a cantar".

"Como persona que lleva 25 años trabajando en políticas sobre discapacidad, pensé que con la promulgación de la Ley de Garantía de Derechos la política coreana sobre discapacidad por fin quedaría ordenada y no pude ocultar la alegría", comentó Lee.

El trámite legislativo de esta ley ha sido especialmente largo. En comparación con la Ley contra la Discriminación de las Personas con Discapacidad, cuyo recorrido desde su impulso en 2002 hasta su promulgación en 2007 tomó cinco años, la Ley de Garantía de Derechos ha requerido casi cuatro veces más tiempo.

Lee la define como "una ley que redefine a las personas con discapacidad no como objeto de caridad, protección o consideración, sino como sujeto de derechos", y como "una ley que funciona como coordenada: marca un estándar para nuestra sociedad y cambia los criterios existentes".

A continuación se reproduce la entrevista con la presidenta Lee el 29 de abril en el Iroom Center del KODDI, en el distrito de Yeongdeungpo-gu en Seúl.

La Ley de Garantía de Derechos ha sido por fin aprobada en sesión plenaria de la Asamblea Nacional. ¿Por qué la comunidad de personas con discapacidad ha anhelado tanto esta ley durante años y qué significa en términos de política pública?

Hace ya mucho más de 20 años que el marco internacional sobre discapacidad pasó de basarse en la consideración y la protección al de la autonomía y la inclusión. La 'Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad' (CDPD), adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2006, entiende la discapacidad como un problema social. Es decir, la discapacidad ya no es un asunto que el individuo deba superar, adaptarse a él o resignarse; el Estado tiene la responsabilidad de eliminar los obstáculos que crean la discapacidad.

La Ley de Bienestar de las Personas con Discapacidad promulgada en 1981 y la Ley contra la Discriminación también consagran los derechos fundamentales de este colectivo. Sin embargo, la sociedad coreana ha seguido tratando a las personas con discapacidad como meros objetos de consideración. Ante esta realidad, ha venido planteándose de forma constante la necesidad de promulgar una ley que garantice activamente sus derechos. En cada nuevo gobierno se propuso como tarea de Estado, pero el consenso social no resultaba fácil.

La Ley de Garantía de Derechos redefine a las personas con discapacidad no como objeto de caridad, protección o consideración, sino como sujeto de derechos. Es como una coordenada que fija un estándar para nuestra sociedad y modifica los criterios existentes. Esta ley abarca los derechos fundamentales: dignidad, igualdad, autonomía y autodeterminación, entre otros. Será el punto de partida para reordenar de raíz las políticas y los sistemas vinculados a la discapacidad, que hasta ahora se han desarrollado de forma dispersa, y para establecer un árbol genealógico de la política pública.

¿Qué cambios concretos cree que aportará la promulgación de la Ley de Garantía de Derechos a la vida de las personas con discapacidad?

Habrá un cambio enorme en su calidad de vida. Esta ley establece que las personas con discapacidad gozan de todos los derechos junto con sus derechos fundamentales, y que el Estado tiene el deber de garantizar y hacer efectivos esos derechos. Es decir, deja claro que eliminar las barreras físicas, no físicas e institucionales con las que se encuentran las personas con discapacidad es una obligación del Estado.

Un principio clave es el respeto a la autodeterminación de las personas con discapacidad. Los servicios pasan de un modelo centrado en el proveedor a otro centrado en el usuario, en el propio interesado. Ya no será la persona con discapacidad quien deba adaptar su situación a los criterios del sistema o de los servicios, sino los servicios los que deban diseñarse y prestarse en función de sus necesidades y demandas. En particular, la ley garantiza su eficacia al estipular cada paso del proceso: desde el diseño de las políticas hasta la evaluación de su ejecución, el seguimiento y los procedimientos de verificación.

El Gobierno impulsa actualmente políticas de bienestar para la infancia con discapacidad y de ampliación del empleo. ¿Cree que la Ley de Garantía de Derechos servirá como impulso para esas iniciativas?

El diseño, el contenido, el acceso y el modo de prestación de los servicios y programas relacionados con la discapacidad pasarán a adaptarse al terreno y a centrarse en el usuario. El Gobierno está poniendo énfasis en el sistema de responsabilidad estatal para el cuidado de las personas con discapacidades del desarrollo y en la ampliación de empleos especializados para personas con discapacidad. Este principio de apoyo asistencial a medida coincide plenamente con el principio centrado en los derechos que defiende la Ley de Garantía de Derechos. Considero que la promulgación de la ley acelerará la materialización de las tareas de Estado del Gobierno.

Con motivo de la aprobación de la Ley de Garantía de Derechos, el Instituto Coreano de Desarrollo para Personas con Discapacidad cambiará su nombre por el de 'Instituto Coreano de Garantía de Derechos de las Personas con Discapacidad' y su papel ganará en importancia. ¿Qué cambios concretos prevé?

La ley entrará en vigor dos años después de su promulgación. Dentro del primer año de su entrada en vigor, el actual Instituto Coreano de Desarrollo para Personas con Discapacidad se transformará en el Instituto Coreano de Garantía de Derechos de las Personas con Discapacidad (Instituto de Garantía de Derechos). Las funciones y el papel del organismo se reforzarán de manera notable. Como entidad pública encargada de coordinar la política sobre discapacidad, el instituto ha venido desarrollando hasta ahora proyectos de política nacional como la investigación y el desarrollo de políticas, la rehabilitación laboral y el apoyo a la infancia con discapacidad y a las personas con discapacidades del desarrollo.

Una vez convertido en Instituto de Garantía de Derechos, asumirá nuevas funciones: el apoyo a la elaboración del plan estatal básico, la gestión de encuestas y estadísticas, y la evaluación y el seguimiento de los distintos servicios y programas. También concentrará sus capacidades en la investigación orientada a revisar las leyes y los servicios existentes en materia de discapacidad.

De cara a completar la política sobre discapacidad, ¿qué papel se propone desempeñar a partir de ahora?

El objetivo es construir una sociedad feliz y segura para toda la ciudadanía, incluidas las personas con discapacidad. Me dedicaré con compromiso a actuar como puente entre el sector privado y el Gobierno: trasladar las voces del sector privado a la Administración y dar a conocer correctamente las políticas del Gobierno sobre el terreno.

No obstante, por encima de todo, el papel más importante es la creación de un consenso social. Más allá de la distinción entre discapacidad y no discapacidad, debemos reconocer y respetar la diversidad y las diferencias de cada cual, y trabajar bajo un consenso social orientado a proteger los derechos de todos. Pondré todo mi empeño en construir ese consenso.

Lee Kyoung Hae, presidenta del Instituto Coreano de Desarrollo para Personas con Discapacidad, posa con la mascota del instituto durante una entrevista celebrada el 29 de abril en el Iroom Center, en Seúl. Lee auguró que la promulgación de la Ley de Garantía de Derechos acelerará la materialización de las tareas de Estado del Gobierno en materia de apoyo asistencial a medida para personas con discapacidad.

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