Por Kim Min-chul
Profesor de la Universidad Kyung Hee
Investigador en el Centro para la Verdad Histórica y la Justicia
-Opinión sobre la inauguración del Centro para la Información del Patrimonio Industrial
El pasado 15 de junio el gobierno japonés abrió al público en la ciudad de Tokio, el Centro para la Información del Patrimonio Industrial, en el cual se niega la verdad histórica que existe sobre la movilización de trabajadores extranjeros por parte del gobierno japonés, para que trabajaran en la mina de carbón de la Isla de Hashima. El gobierno de Japón ha roto su promesa hecha a la humanidad al permitir que en este centro se exhiban distorsiones históricas. Si bien, debido al comportamiento de Japón durante los últimos años, las expectativas eran bajas, el flagrante rompimiento de la promesa deja sin palabras.
El 5 de julio de 2015, en Bonn, Alemania, se decidió en la 39ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial (WHC por sus siglas en inglés) agregar los sitios industriales de la era Meiji de Japón a la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, a la vez que se hizo la recomendación de que el país debía preparar “una estrategia interpretativa” que hiciera que fuera posible entender completamente la historia de cada sitio. En ese momento, varios grupos no gubernamentales tanto de Corea como de Japón jugaron un papel muy importante. El Centro para la Verdad Histórica y la Justicia ubicado en Seúl, y la Red para la Investigación de la Movilización Laboral Forzada de Japón trabajaron en conjunto para informar a los miembros del WCH acerca de la lúgubre historia de la movilización forzada, por medio de la recopilación de testimonios de las víctimas. Esto condujo a que los países miembros solicitaran el gobierno japonés que preparara una estrategia interpretativa que permitiera comprender adecuadamente la historia de cada uno de los sitios.
En ese entonces, la embajadora japonesa ante la Unesco, Kuni Sato, aseguró al comité: “Japón se ha preparado para tomar medidas que permitan la comprensión de que un gran número de coreanos y ciudadanos de otros países fueron traídos en contra de su voluntad y obligados a trabajar en terribles condiciones durante la década de los cuarenta en alguno de esos sitios, y que durante la II Guerra Mundial, el gobierno japonés también implementó una política de conscripción”. En la sesión, Sato estuvo acompañada por Koko Kato, quien supervisó el proyecto para lograr que los sitios industriales de la era Meiji fueran designados por la Unesco. Kato actualmente es la presidenta del Congreso Nacional para los Sitios Industriales (NCIH), el cual administra el centro. Al día siguiente, sin embargo, el Secretario General del Gabinete de Japón, Yoshihide Suga, argumentó que la movilización no había sido ilegal, de acuerdo con el plan nacional de movilización ejecutado en Corea en 1944, negando las afirmaciones que Sato profirió en la sesión del WHC. El gobierno japonés se retractó completamente de lo que su representante había expresado el día anterior a los países miembros de la Unesco.
Para negar la movilización y trabajos forzados, el gobierno japonés ha modificado el término que utilizaba para referirse a las víctimas de “trabajadores conscriptos” a “trabajadores de origen coreano”. Este estilo no cumple con las recomendaciones del WHC ni es de recibo para la comunidad internacional. Un reporte del estado de conservación presentado al WCH el 30 de noviembre de 2017, se enfocó más en la recopilación de datos y testimonios, y no logró el cometido de admitir la historia de movilización para trabajos forzados por parte de Japón, así como tampoco recopiló prueba testimonial histórica de las víctimas coreanas y chinas de trabajo forzado y discriminación. Por ende, la intención del reporte era ignorar o interpretar la recomendación del WHC de una manera distorsionada. Luego se empezó a decir que las víctimas coreanas del trabajo forzado eran trabajadores que “apoyaban” a las industrias japonesas, una interpretación histórica ilógica y carente de sentido, muy típica del Japón.
El reporte del gobierno japonés falló en implementar de manera completa la recomendación del WHC. Por esta razón, en la 42ª sesión en el 2018, el comité urgió a Tokio a “tomar en cuenta mejores prácticas internacionales para estrategias interpretativas” e instó a “un diálogo continuo entre las partes involucradas”. Desde la perspectiva del sentido común, “las partes involucradas” a las que el WHC se refería, deberían haber incluido a las ONGs relacionadas, así como también a las víctimas y a los gobiernos de sus países de origen, los cuales habían planteado el problema del trabajo forzado. No obstante, hasta el momento Japón ha interpretado como “la parte involucrada” a una organización o institución que abogó por el patrimonio industrial. La persistente actitud de Tokio no sólo ignora los pedidos de las víctimas y el gobierno coreano, sino también las resoluciones del WCH.
En una entrevista con el periódico japonés Sankei Shimbun el 5 de agosto del año pasado, Kato, la directora del centro, admitió que Japón sufrió un revés en el escenario mundial en el proceso de designación de los sitios industriales de la Era Meiji como Patrimonio Mundial de la Unesco, debido a las actividades de las ONGs y el gobierno coreano. Como asesora del Gabinete japonés a cargo de la designación de los sitios, agregó además que la negación de la historia del trabajo forzado por parte de Japón era su máxima prioridad.
El gobierno japonés ha delegado al NCIH todo tipo de funciones que van desde la recopilación de datos, hasta la promoción de los sitios industriales. El grupo se encargó de todo lo relacionado para lograr un “completo entendimiento de la historia”, tal como se solicitaba en la recomendación del WCH, siguiendo las órdenes de Tokio, y con un presupuesto de más de 4.000 millones de wones, cifra que podría considerarse escandalosa. El reporte que el NCIH presentó al gobierno japonés está repleto de contenidos que sólo niegan la movilización forzada por parte de Japón, sin ninguna mínima suerte de balance.
Las exhibiciones del centro muestran testimonios de antiguos residentes de Hashima, en los que se argumenta que tanto los coreanos como los japoneses “estaban en buenos términos, y vivían en la isla como si fueran una sola familia”, a la vez que niegan que existiera algún tipo de discriminación o de trabajos forzados. Esos testimonios, sin embargo, no constituyen ninguna evidencia de que el trabajo forzado no haya existido. Las víctimas aducen que no se les compensó de manera apropiada, no que del todo no hubieran recibido paga. Pero, el punto primordial no es este, sino, que fueron obligados a trabajar en un lugar en el que no querían, y a pesar de ello, ni siquiera se les pagó lo correspondiente por su labor.
El asunto de la movilización y trabajos forzados no es un problema exclusivo entre Corea y Japón. Es en realidad un problema multilateral de derechos humanos que involucra también a ciudadanos chinos y prisioneros de guerra de los países Aliados. El patrimonio industrial fue también construido por medio de la sangre, sudor y lágrimas de trabajadores japoneses. Para que el centro pueda mostrar un patrimonio que ostente los valores universales, es necesario un cambio de mentalidad. El centro, criticado por sus distorsiones históricas, debería poder convertirse en un lugar para la conmemoración conjunta de la historia del Este Asiático, por medio de la participación de todas las partes involucradas, incluyendo a las víctimas y sus países. Esto serviría como un camino para allanar el conflicto hacia la reconciliación y alcanzar los “valores universales” que busca el WHC.
Por más de 30 años, Kim ha sido investigador de temas de la historia coreana contemporánea, a través de actividades tales como la búsqueda y corroboración de hechos, y el apoyo a las víctimas para resolver problemas históricos entre Corea y Japón, tales como el trabajo forzado, y las masacres de civiles antes y después de la Guerra de Corea. Actualmente enseña sobre educación global en la Universidad Kyung Hee.
Traducido por Elías Molina, redactor de Korea.net
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