Opinión

30.06.2021

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Por Yasuto Takeuchi
Investigador de historia moderna del Japón

Inaugurado en marzo del año pasado en el centro de Tokio, el Centro de Información del Patrimonio Industrial alberga una exposición que, al distorsionar la historia, rompe la promesa que Japón le había hecho a la Unesco. Si bien el centro elogia la industrialización japonesa durante la era Meiji (1868-1912), la exhibición no incluye toda la historia del período, incluido el uso por parte de Japón del trabajo forzado y las relaciones internacionales de ese momento. A través del caso de la isla Hashima (Isla del Acorazado), Japón está profanando el honor de las víctimas al negar los trabajos forzados que ocurrieron en ese lugar. El gobierno japonés asignó al Congreso Nacional de Patrimonio Industrial para que se encargara de la exposición y los servicios relacionados.

En julio de 2015, cuando la Unesco designó 23 sitios de la revolución industrial Meiji como Patrimonio de la Humanidad, el gobierno japonés se comprometió a "construir un centro para reconocer la realidad de que los trabajadores, incluidos los coreanos, fueron movilizados en contra de su voluntad para trabajar en condiciones severas y para honrar a los que murieron allí". Sin embargo, Tokio ha incumplido completamente su palabra.

De las tres zonas del centro, la tercera alberga una exposición que niega la historia de trabajo forzado de Japón. Nada allí muestra el uso que Japón hizo en el pasado del trabajo forzado, el abuso y la falta de pago, ni tampoco se menciona a las víctimas. La pantalla simplemente cita a un ex residente de la isla diciendo: "La isla Hashima tenía una buena comunidad con buenas condiciones", quien luego agrega: "No hubo trabajo forzado ni discriminación".

Un folleto disponible en el centro cita a un ex administrador japonés que tenía a su cargo trabajadores chinos en la mina de carbón Miike diciendo que los trabajadores coreanos estaban empleados como grupo y no sufrían discriminación. Pero Lester Tenney, un ex prisionero de guerra (PDG) de los campos de prisioneros de guerra japoneses que sobrevivió a la Marcha de la Muerte de Bataán en Filipinas, dijo en un diario: "Algunos de los prisioneros de guerra aliados murieron de hambre o fueron asesinados". No hay testimonios de coreanos, chinos o prisioneros de guerra de los países aliados.


La exposición muestra el uniforme de Jeong Chung-hae, quien se vio obligado a trabajar en Hiroshima Toyo Industrial, una empresa relacionada con la mina de carbón Miike. "La mayoría de los trabajadores se vieron obligados a estar allí", dijo. "Llevábamos uniformes de trabajo bajo el deshonroso nombre del servicio militar obligatorio y nos trataban como esclavos". Sin embargo, estos comentarios no se encuentran en ninguna parte.

El Centro ignora cómo no se les pagaba a los trabajadores coreanos, y en su lugar muestra una declaración de salarios y los sobres de trabajadores taiwaneses en un astillero en Nagasaki como prueba de no discriminación, argumentando que también se les pagó a los trabajadores no japoneses. Kim Sun-gil, una víctima coreana obligada a trabajar en la isla, presentó una demanda diciendo que se vio obligado a trabajar y ahorrar su salario. Alrededor de 6.000 coreanos fueron enviados por la fuerza a trabajar en el astillero, con un total 3.400 casos de no pago, que en conjunto suman 860.000 yenes de la época. En una acería en Yawata, la cantidad de 300.000 yenes equivalente a 3.500 casos se mantuvo como depósitos. El dinero hoy valdría miles de millones de yenes, otra verdad flagrantemente ignorada por la exposición.

Entre 1939 y 1945, Japón obligó a aproximadamente 800.000 coreanos a trabajar bajo el nombre de "mano de obra movilizada" mediante el reclutamiento colectivo y gubernamental o el servicio militar obligatorio, pero la forma de emplear a los trabajadores implicaba engaño, fuerza o secuestros. La zona del centro para exhibir "documentos de la movilización" muestra materiales relacionados pero no ofrece una explicación concreta de la verdad.

Mitsubishi desarrolló la mina de carbón en Hashima como subsidiaria de la mina de carbón Takashima. En la isla, los gerentes contrataron y supervisaron grupos de 300 a 400 trabajadores, utilizando la violencia para controlarlos. Exigiendo mejores condiciones, los trabajadores se declararon en huelga e incluso atacaron una comisaría y la oficina de una mina de carbón.

En 1907, un reclutador engañó a los mineros llamando a la mina de carbón "un paraíso" y prometiendo una comisión de 3 yenes por solicitante. La compañía incluso fomentó los juegos de apuestas por parte de los mineros abriendo un burdel. Esto llevó a que a los mineros se les robara su libertad bajo el sistema de pago por adelantado, que deducía el salario de los salarios y provocó que muchos trabajadores se volvieran adictos al juego.


La era Meiji vio al gobierno japonés impulsar la producción de carbón para expandir el alcance de la guerra a China, el Sudeste Asiático y las regiones del Pacífico. Bajo el nombre de "patriotismo industrial", es decir, fomentar la industria como medio para desarrollar el país, los trabajadores fueron privados de sus derechos en medio de la militarización, y se vieron obligados a excavar en busca de carbón con un gran riesgo para sus vidas. En la mina de carbón de Takashima, los mineros se vieron obligados a trabajar mientras arriesgaban sus vidas. Incluso mujeres y adolescentes trabajaron allí en violación de una prohibición que existía ya en ese momento.

Entre 1939 y 1945, alrededor de 4.000 coreanos fueron enviados a Takashima y otros 1.000 a Hashima. El difunto Choe Chang-seop, que fue enviado a Hashima desde Iksan, provincia de Jeollabuk-do, recordó su vida allí en su autobiografía con expresiones como "una prisión sin barrotes"; "siempre estaba hambriento y empapado en sudor"; "sufrí desnutrición, tuve calambres en las piernas y colapsé varias veces al día mientras excavaba en busca de carbón"; y "nos enfrentábamos a graves torturas si nos atrapaban tratando de huir". Añadió que se podía encontrar piel ensangrentada en una cuerda de plástico que se usaba como látigo para dar azotes. Aproximadamente 400 chinos también se vieron obligados a trabajar y algunos de ellos murieron.

En 1946, el Ministerio de Salud de Japón publicó una lista de 1.299 coreanos que se habían visto obligados a trabajar en Takashima. El monto de los salarios sin pagar, que van desde 100 a 500 yenes por persona, totalizaban en ese momento 220.000 yenes, una suma que en la actualidad equivaldría a miles de millones de yenes.

Para las víctimas del trabajo forzado, Hashima es una "prisión" y un "infierno". El Congreso Nacional de Patrimonio Industrial, que construyó el centro en Tokio, insiste en que Hashima fue una comunidad agradable al negar la verdad detrás de la administración violenta y el trabajo forzado que ocurrió allí.

La Constitución de la Unesco dice: "Es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz", enfatizando la importancia de la solidaridad intelectual y espiritual de los seres humanos. El patrimonio mundial existe para la paz y la solidaridad que permite a las personas conectarse entre sí para ir más allá de la nación y las religiones y fomenta un espíritu de filantropía y tolerancia. Todo eso forma la base de la solidaridad intelectual y espiritual de los seres humanos.

La exposición del Centro de Información del Patrimonio Industrial de Tokio considera la posición coreana como falsa, una postura extremadamente nacionalista e insensible. Esta postura no transmite un espíritu de filantropía y tolerancia y, en cambio, es la negación de la historia por parte de Japón para justificar sus crímenes de guerra y el dominio colonial de Corea y no admitir el uso de trabajo forzado en el pasado. La conciencia sin reflexión sobre la historia es incompatible con el espíritu del patrimonio mundial y mancha la dignidad de las víctimas del trabajo forzado.

Es necesario reconsiderar el concepto de establecer la paz para el patrimonio mundial. El centro de información debe servir como un lugar para que Japón admita su uso del trabajo forzado y rinda homenaje a las víctimas, además de transmitir un espíritu de filantropía y tolerancia y construir los baluartes la paz en la mente de las personas. El gobierno japonés debería deshacerse de su actitud nacionalista e intolerante y mejorar el contenido de la exposición.


Desde la década de 1980, Yasuto Takeuchi ha investigado el trabajo forzado y desde 2005 ha trabajado en la Acción conjunta entre Corea y Japón para la legislación para compensar a las víctimas coreanas del trabajo forzado. Ha publicado muchos libros sobre el tema, como "Preguntas y respuestas sobre el patrimonio de la revolución industrial de Japón y el trabajo forzado en la Era Meiji".

Traducido por Elías Molina, redactor de Korea.net