Por Yuji Hosaka
Profesor de la Universidad de Sejong

El Centro de Información del Patrimonio Industrial de Japón, que se abrió al público el 15 de junio, contiene contenido inapropiado que viola un acuerdo alcanzado en julio de 2015 por Corea y Japón. En el mismo mes, Japón tenía 23 sitios de la Revolución Industrial Meiji, incluida la isla Hashima en Nagasaki, añadidos a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO a pesar de la oposición inicial del Gobierno coreano.

La resistencia de Corea se debió a que siete de los 23 sitios eran lugares donde los coreanos se vieron obligados a trabajar durante el dominio colonial japonés de la península coreana. Japón se comprometió con Corea y la UNESCO a exhibir adecuadamente la verdad histórica detrás de la movilización de los coreanos para el trabajo forzado, lo que ayudó a Japón a obtener la aprobación de Seúl para el registro de los sitios en la lista de la UNESCO.

Sin embargo, menos de dos años después, el gobierno japonés rompió su promesa de presentar el hecho histórico de la movilización de los coreanos por parte de Japón para realizar trabajos forzados. Y casi cinco años después, el 15 de junio de 2020, se abrió el Centro de Información del Patrimonio Industrial en el distrito Shinjuku de Tokio. El centro está dirigido por la fundación financiada por el gobierno, el Congreso Nacional del Patrimonio Industrial.

El problema radica en la exposición del centro por citar a un ex residente de la isla Hashima (isla del Acorazado) diciendo que no hubo discriminación contra los trabajadores coreanos de las minas de carbón en la isla. El propósito de esta exposición busca transmitir la razón oculta de que, aunque los coreanos fueron movilizados para trabajo forzado, Japón podía hacerlo legalmente ya que Corea era una colonia japonesa en ese momento. En otras palabras, Japón está tratando de aplicar la lógica de que el derecho internacional permite la movilización de trabajadores forzados en tiempos de emergencia como la guerra. Se utiliza la misma lógica para argumentar que los coreanos consideraron natural seguir la ley japonesa, ya que estos últimos los consideraban ciudadanos japoneses en ese momento.

Bajo el dominio colonial japonés, los coreanos tenían la nacionalidad japonesa, pero se les negó el mismo trato legal que los ciudadanos japoneses. En ese momento, Corea, Taiwán y Japón eran territorios legales separados, y muchos casos de discriminación enraizados en tales diferencias prevalecían en las colonias japonesas. Por ejemplo, a los coreanos o ciudadanos no japoneses de estas áreas se les negó el sufragio para las elecciones generales. En abril de 1945, el gobierno japonés decidió otorgar a los no japoneses en las colonias japonesas el derecho a votar en las elecciones nacionales de una colonia, pero esta medida nunca se implementó. El quid de la política de discriminación de Japón radica en exigir que los residentes no japoneses de sus territorios coloniales como Corea y Taiwán cumplan con su deber como japoneses sin otorgarles los mismos derechos que los nacionales.

Japón obligó a coreanos, chinos, taiwaneses y otros prisioneros de guerra a trabajar en minas de carbón, el tipo de trabajo más duro en Japón. Incluso los prisioneros de guerra estadounidenses obligados a trabajar en tales minas recordaron que incluso recurrieron a la autolesión para evitar trabajar dentro de las minas por miedo a morir. Sus vívidos testimonios atrajeron la atención de los medios.

En Japón, los mineros del carbón fueron reemplazados por trabajadores penitenciarios debido a las duras condiciones de trabajo. En grandes minas como la mina de carbón Miike en Kyushu, el país inicialmente envió a presos a cadena perpetua o peor para trabajar. Estos trabajadores se amotinaron muchas veces debido a un trato inhumano, y esto condujo a graves violaciones de los derechos humanos, ya que terminaron siendo atacados o incluso asesinados por los guardias de la prisión. 

Japón finalmente dejó de enviar mano de obra carcelaria para trabajar en la mayoría de las minas de carbón. Luego, las compañías mineras reclutaron a aquellos en extrema pobreza, pero debido a la falta de trabajadores, decidieron enviar personas de las colonias japonesas y prisioneros de guerra. Así comenzó la realidad del sacrificio de los coreanos, chinos, taiwaneses y otros prisioneros de guerra para reemplazar a los trabajadores japoneses en las minas de carbón durante el período de trabajo forzado en tiempos de guerra de Japón.

Las estadísticas dicen que aproximadamente el 70 por ciento de los coreanos obligados a trabajar en las minas se escaparon debido a la dura labor. Cuando huyeron, las compañías tomaron todos sus ahorros forzosos. A diferencia de los trabajadores japoneses que podían llevar consigo sus libros de contabilidad y sellos personales, los trabajadores coreanos tenían que confiarlos a sus supervisores. Cuando los trabajadores coreanos renunciaron o escaparon, todos sus ahorros fueron tomados por sus compañías.

Las cosas en la isla Hashima se volvieron aún más miserables. Debido a que se necesitaba nadar más de 18 km para escapar de la isla, muchos de los que intentaron huir se ahogaron. Los atrapados tratando de escapar se vieron obligados a realizar trabajos bajo condiciones extremas. Masayuki Kosako, un ex supervisor de la isla, confesó en la edición de Nagasaki de The Asahi Shimbun en una entrevista el 25 de octubre de 1973 que discriminaba a los trabajadores coreanos en la isla. 

"Fui a Corea para perseguir a los trabajadores por la fuerza. Por lo general, discriminamos a los trabajadores chinos o coreanos. En tiempos de guerra, hacíamos que los trabajadores realizaran tareas mucho más duras que en el ejército; algunos se ahogaron mientras intentaban escapar. Cuando Japón estaba derrotado en la Segunda Guerra Mundial, dejamos que los supervisores de trabajadores chinos, taiwaneses y coreanos escaparan en secreto de la isla primero por temor a la venganza de ellos", dijo.

El centro de información solo muestra el testimonio de un ex residente de la isla, un japonés coreano de segunda generación, que afirmó que no hubo discriminación contra los coreanos. Dijo que su padre trabajaba en la mina de carbón en la isla y negó cualquier intimidación o reproche hacia los coreanos. Dijo que su padre era supervisor. Los coreanos que tenían un registro familiar japonés obtuvieron el estatus de supervisor. Para los coreanos, si domicilio legal estaba registrado en Japón, recibirían el mismo trato que los japoneses. Esto se debe a la política japonesa que designa el tratamiento de una persona de acuerdo con el territorio legal. La misma política aplicada a los japoneses. Si el domicilio legal de un japonés estaba registrado en Corea, él o ella tenían el mismo estatus legal que un coreano. 

Por lo tanto, la exhibición de dicho testimonio en sí es un acto de distorsión de la historia, ya que el centro solo muestra el testimonio de un descendiente de un japonés coreano que podría haber recibido el mismo trato legal que un japonés. Japón no puede ignorar los testimonios de los numerosos trabajadores coreanos que sufrieron una fuerte discriminación en la isla Hashima.

Una intención política podría estar detrás de por qué el gobierno japonés abrió el centro de información en Tokio. La sospecha es que Japón abrió el centro para apuntar a los turistas internacionales que ingresan al país para los Juegos Olímpicos de Verano de Tokio, que inicialmente estaba programado para abrir en julio de 2020. Japón también podría haber abierto el centro para asegurar un terreno más fuerte para prevalecer sobre el tema de las víctimas del trabajo forzado, que es una fuente importante de conflicto entre Corea y Japón. A pesar de tales intentos distorsionados, la verdad de la historia saldrá a la luz. Japón debe darse cuenta de que sus intentos de distorsión de la historia simplemente continúan socavando su imagen nacional.