Por Kim Eun-young y Kim Hyelin
31 de octubre d 2018 

El Tribunal Supremo de Justicia ha decretado, el 30 de octubre, que una acería japonesa deberá indemnizar a las victimas surcoreanas del trabajo forzado y el trabajo no remunerado durante la ocupación japonesa del siglo pasado.

La Corte Suprema falló unánimemente las demandas de daños y perjuicios presentadas por cuatro víctimas y ordenó a Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. (NSSM) pagar a cada víctima 100 millones de wones coreanos. Han pasado 13 años desde que se presentó la primera demanda contra la firma jeponesa en 2005.

La Corte Suprema sentenció que el NSSM tiene responsabilidad legal por los daños causados por los crímenes de lesa humanidad directamente relacionados con la ocupación ilegal de Japón. El tribunal desestimó la afirmación de la compañía de que no es responsable del daño ya que el derecho de la víctima a reclamar daños ha expirado, afirmando que "es un abuso de derecho contra el principio de buena fe".

Asimismo, dictaminó que el acuerdo de reclamaciones de 1965 entre Corea y Japón no anula los derechos de las víctimas individuales a reclamar daños y perjuicios al declarar “El acuerdo consistía en disolver la deuda financiera y civil entre los dos países y no incluía el derecho de las víctimas a exigir una indemnización”.

El primer ministro, Lee Nak-yon, anunció una declaración después de la sentencia del tribunal: "El gobierno respeta la sentencia judicial y preparará la respuesta del gobierno con respecto al asunto después de consultar con las autoridades relevantes y los expertos civiles".

Entre 1939 y 1945, durante el período colonial japonés, aproximadamente 1.46 millones de coreanos fueron obligados a trabajar en minas y plantas militares en Japón. El número de los supervivientes de las víctimas del trabajo forzado ha descendido significativamente. 

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